Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y aprobada el pasado día 19 de octubre en el Congreso de los Diputados, insta a las Administraciones públicas a incorporar criterios sociales y ambientales en su contratación pública, contratación que supone cerca del 20% del PIB a nivel estatal y, que convierte por tanto al conjunto de las administraciones públicas en el mayor empleador y el más importante consumidor del Estado. Se trasponen así finalmente las Directivas europeas de Contratación Pública (directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) que deberían haber sido incorporadas al sistema jurídico español con límite de abril de 2016.

Entre las cuestiones relevantes para la Economía Social y Solidaria que han sido incorporadas a la Ley destacamos las siguientes:

• Los criterios sociales y medioambientales se han de incorporar de manera transversal en toda contratación.

• Siempre que sea posible, los contratos deberán dividirse en lotes, facilitando así el acceso a los contratos públicos de las pequeñas y medianas empresas.

• Se sustituye el concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos por el de mejor relación calidad-precio.

• Se incorpora como novedad, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la Economía Social.

• Mejora la definición y exigencias de la reserva obligatoria de contratos para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo, limitándose esta reserva en el caso de los Centros Especiales de Empleo a los de Iniciativa Social, tal y como el sector venía demandando históricamente.

• Se recogen múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales, tanto en los criterios de adjudicación de los contratos como en las condiciones especiales de ejecución de los mismos.

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902